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Descentralización: Necesaria para el desarrollo

desentralizacion
20 marzo, 2017

Por Juan Pablo Barros B., Alcalde de Curacaví..

Creo no he conocido a nadie que de manera concreta, virulenta y enérgica, esté

en contra de la descentralización; hablo de parlamentarios, alcaldes, concejales,

ministros y subsecretarios, personeros de gobierno, y también vecinos de a pie y

parroquianos frecuentes. No obstante, el mayor problema es que en los mismos

casos, cuesta encontrar en estos grupos, alguien que reconozca lo que significa

para nuestro país avanzar en esta materia.

Cierto es, que si uno hace un análisis y mira las encuestas, la descentralización no

aparece como un problema que atormente hoy por hoy a la población, de hecho

está muy por debajo de materias como delincuencia, salud o educación. Lo que

desconocen mayoritariamente los encuestados, es que podríamos hacer mucho

más, y mejor, si contáramos con decisiones descentralizadas, en particular en las

regiones y en las municipalidades.

Muchos de los problemas más relevantes para la ciudadanía tienen un importante

componente local, y los vecinos exigen soluciones a los representantes de las

instituciones públicas que ven más cercanos. No por nada según la última

encuesta CEP las municipalidades están en el séptimo lugar de valoración

ciudadana, y en cuanto a instituciones públicas sólo detrás de las Fuerzas

Armadas y de Orden. También, según la Encuesta Nacional de Percepciones

Ciudadanas sobre Municipios de 2016, del Centro de Políticas Públicas UC, 6 de

cada 10 personas tuvo alguna forma de contacto con su municipio durante ese

año. Lo anterior muestra que las municipalidades son la puerta de entrada a

muchos programas tanto estatales como locales.

Sin embargo dicha cercanía y reconocimiento no se encuentra reflejado en el

entramado institucional y en la distribución de competencias y recursos. La

proporción de gasto local en relación al total del gasto público es bajo, las

competencias para tomar decisiones son muy acotadas, relegando a las

municipalidades a tener un rol preponderantemente administrador más que de

gobierno comunal, y con una fuerte dependencia tanto normativa como

presupuestaria del gobierno central. Buena parte de los recursos que reciben las

municipalidades dependen del gobierno regional o central, y además la mayoría

de los recursos que provienen de esa fuentes de financiamiento vienen destinados

a un fin específico, por lo que finalmente la decisión sobre el destino de ellos no es

una decisión municipal.

A nivel regional la situación es bastante similar. Difícilmente los seremis toman

decisiones estratégicas, menos los gobernadores, y tantos éstos como los

intendentes tienen una fuerte dependencia del gobierno nacional, dependiendo

además casi la totalidad de sus recursos del presupuesto de la Nación.

Como señalamos anteriormente, el problema es que en momentos de crisis, como

lo que ha pasado recientemente con los incendios, todo el mundo mira hacia la

municipalidad. Con razón los vecinos giran sus cabezas hacia nosotros por que

saben que seremos los primeros en llegar y los últimos en irnos, y también por que

aunque no tengamos dinero, de algún lado lo vamos a conseguir para ir en su

ayuda. Esto sin esperar firmas, llamados de teléfonos, buena voluntad ni nada

parecido. Imagínense cuanto más podríamos hacer, si es que existiera una

administración más descentralizada, con mayores recursos, y sobre todo con la

incumbencia necesaria para actuar sin esperar a una burocracia que a veces

puede estar a miles de kilómetros de distancia. De esta manera vamos a acercar

la toma de decisiones, a quienes al final afectan.

Ejemplos de este tipo sobran, y en el caso de mi comuna, tuvimos que esperar

que un representante de CONAF, quienes se encontraban a una distancia

considerable combatiendo otro incendio forestal, llegara a la comuna para que

recién la ONEMI pudiera decretar una alerta roja. A esas alturas ya habían dos

casas consumidas por el fuego.

O recientemente la situación que publicaron distintos medios, debido a que

Contraloría sancionara a algunos municipios por tapar hoyos en las calles sin

esperar la autorización del SERVIU, lo que puede demorar meses ante la falta de

personal, como ha sido reconocido incluso por dicha institución. Ejemplos como

los antes señalados demuestran las ineficiencias que generan un centralismo tan

fuerte como el chileno, retrasando o dificultando la respuesta a las necesidades de

nuestros vecinos, que en ocasiones requieren una mayor velocidad o que podrían

ser solucionadas de forma mucho más simple.

Sin embargo, a todas estas situaciones creo que subyace un elemento común,

que es la desconfianza de las autoridades nacionales a la capacidad de los

municipios y otros órganos de carácter subnacional. Hay países que se han

construido con una mirada totalmente distinta, entregando a los órganos de

carácter regional aquellas materias que no pueden resolver los gobiernos locales,

y a los gobiernos nacionales los temas que aquéllas no pueden resolver. Si bien

en Chile estamos muy lejos de esa mirada, puede ser una buena práctica mirar

estas experiencias, entregando a los municipios las competencias, y los recursos

para dar un correcto cumplimiento, en las materias en las cuales éstos se

encuentran en una mejor posición para solucionarlos.

El gobierno central puede tener una legítima confianza en que cuentan con

equipos capacitados para definir programas y ejecutar gasto de la mejor manera,

sin embargo la experiencia ha mostrado que eso no necesariamente ocurre y que

es difícil que una autoridad en la capital pueda saber qué impactos puede tener

una decisión frente a las distintas realidades del territorio nacional. Al ver el lento

avance del proyecto de ley de transferencia de competencias a los gobiernos

regionales, podemos entender la preocupación del legislador, ya que en vez de

influir en una o pocas autoridades nacionales para una determinada toma de

decisión, esta dispersión del poder estatal en más instituciones va a dificultar esa

labor, pero esa misma dispersión da más espacios de libertad y evita la

concentración del poder, generando mayores contrapesos y dificultando la captura

de las instituciones.

Creo que las municipalidades cuentan con la legitimidad democrática, por la forma

de elección de sus autoridades, social como demuestran las encuestas, y técnica

como ha quedado demostrado en distintas situaciones que nos toca enfrentar.

Sólo necesitamos que las autoridades nacionales nos crean y confíen en las

municipalidades, para alcanzar un desarrollo territorialmente inclusivo.

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Descentralización: Necesaria para el desarrollo

Por Juan Pablo Barros B., Alcalde de Curacaví..

Creo no he conocido a nadie que de manera concreta, virulenta y enérgica, esté

en contra de la descentralización; hablo de parlamentarios, alcaldes, concejales,

ministros y subsecretarios, personeros de gobierno, y también vecinos de a pie y

parroquianos frecuentes. No obstante, el mayor problema es que en los mismos

casos, cuesta encontrar en estos grupos, alguien que reconozca lo que significa

para nuestro país avanzar en esta materia.

Cierto es, que si uno hace un análisis y mira las encuestas, la descentralización no

aparece como un problema que atormente hoy por hoy a la población, de hecho

está muy por debajo de materias como delincuencia, salud o educación. Lo que

desconocen mayoritariamente los encuestados, es que podríamos hacer mucho

más, y mejor, si contáramos con decisiones descentralizadas, en particular en las

regiones y en las municipalidades.

Muchos de los problemas más relevantes para la ciudadanía tienen un importante

componente local, y los vecinos exigen soluciones a los representantes de las

instituciones públicas que ven más cercanos. No por nada según la última

encuesta CEP las municipalidades están en el séptimo lugar de valoración

ciudadana, y en cuanto a instituciones públicas sólo detrás de las Fuerzas

Armadas y de Orden. También, según la Encuesta Nacional de Percepciones

Ciudadanas sobre Municipios de 2016, del Centro de Políticas Públicas UC, 6 de

cada 10 personas tuvo alguna forma de contacto con su municipio durante ese

año. Lo anterior muestra que las municipalidades son la puerta de entrada a

muchos programas tanto estatales como locales.

Sin embargo dicha cercanía y reconocimiento no se encuentra reflejado en el

entramado institucional y en la distribución de competencias y recursos. La

proporción de gasto local en relación al total del gasto público es bajo, las

competencias para tomar decisiones son muy acotadas, relegando a las

municipalidades a tener un rol preponderantemente administrador más que de

gobierno comunal, y con una fuerte dependencia tanto normativa como

presupuestaria del gobierno central. Buena parte de los recursos que reciben las

municipalidades dependen del gobierno regional o central, y además la mayoría

de los recursos que provienen de esa fuentes de financiamiento vienen destinados

a un fin específico, por lo que finalmente la decisión sobre el destino de ellos no es

una decisión municipal.

A nivel regional la situación es bastante similar. Difícilmente los seremis toman

decisiones estratégicas, menos los gobernadores, y tantos éstos como los

intendentes tienen una fuerte dependencia del gobierno nacional, dependiendo

además casi la totalidad de sus recursos del presupuesto de la Nación.

Como señalamos anteriormente, el problema es que en momentos de crisis, como

lo que ha pasado recientemente con los incendios, todo el mundo mira hacia la

municipalidad. Con razón los vecinos giran sus cabezas hacia nosotros por que

saben que seremos los primeros en llegar y los últimos en irnos, y también por que

aunque no tengamos dinero, de algún lado lo vamos a conseguir para ir en su

ayuda. Esto sin esperar firmas, llamados de teléfonos, buena voluntad ni nada

parecido. Imagínense cuanto más podríamos hacer, si es que existiera una

administración más descentralizada, con mayores recursos, y sobre todo con la

incumbencia necesaria para actuar sin esperar a una burocracia que a veces

puede estar a miles de kilómetros de distancia. De esta manera vamos a acercar

la toma de decisiones, a quienes al final afectan.

Ejemplos de este tipo sobran, y en el caso de mi comuna, tuvimos que esperar

que un representante de CONAF, quienes se encontraban a una distancia

considerable combatiendo otro incendio forestal, llegara a la comuna para que

recién la ONEMI pudiera decretar una alerta roja. A esas alturas ya habían dos

casas consumidas por el fuego.

O recientemente la situación que publicaron distintos medios, debido a que

Contraloría sancionara a algunos municipios por tapar hoyos en las calles sin

esperar la autorización del SERVIU, lo que puede demorar meses ante la falta de

personal, como ha sido reconocido incluso por dicha institución. Ejemplos como

los antes señalados demuestran las ineficiencias que generan un centralismo tan

fuerte como el chileno, retrasando o dificultando la respuesta a las necesidades de

nuestros vecinos, que en ocasiones requieren una mayor velocidad o que podrían

ser solucionadas de forma mucho más simple.

Sin embargo, a todas estas situaciones creo que subyace un elemento común,

que es la desconfianza de las autoridades nacionales a la capacidad de los

municipios y otros órganos de carácter subnacional. Hay países que se han

construido con una mirada totalmente distinta, entregando a los órganos de

carácter regional aquellas materias que no pueden resolver los gobiernos locales,

y a los gobiernos nacionales los temas que aquéllas no pueden resolver. Si bien

en Chile estamos muy lejos de esa mirada, puede ser una buena práctica mirar

estas experiencias, entregando a los municipios las competencias, y los recursos

para dar un correcto cumplimiento, en las materias en las cuales éstos se

encuentran en una mejor posición para solucionarlos.

El gobierno central puede tener una legítima confianza en que cuentan con

equipos capacitados para definir programas y ejecutar gasto de la mejor manera,

sin embargo la experiencia ha mostrado que eso no necesariamente ocurre y que

es difícil que una autoridad en la capital pueda saber qué impactos puede tener

una decisión frente a las distintas realidades del territorio nacional. Al ver el lento

avance del proyecto de ley de transferencia de competencias a los gobiernos

regionales, podemos entender la preocupación del legislador, ya que en vez de

influir en una o pocas autoridades nacionales para una determinada toma de

decisión, esta dispersión del poder estatal en más instituciones va a dificultar esa

labor, pero esa misma dispersión da más espacios de libertad y evita la

concentración del poder, generando mayores contrapesos y dificultando la captura

de las instituciones.

Creo que las municipalidades cuentan con la legitimidad democrática, por la forma

de elección de sus autoridades, social como demuestran las encuestas, y técnica

como ha quedado demostrado en distintas situaciones que nos toca enfrentar.

Sólo necesitamos que las autoridades nacionales nos crean y confíen en las

municipalidades, para alcanzar un desarrollo territorialmente inclusivo.